El modelo de democracia legal es, en gran medida, un retorno a la democracia de patronazgo, que considera la democracia como un medio por el que la gente puede protegerse de la excesiva interferencia del gobierno en sus vidas con su principio subyacente de «laisser faire». Los autores de esta teoría (R. Nozick, F. Hayek) defienden la separación del Estado de la sociedad civil y los principios del Estado de Derecho. Sin embargo, lo principal en la democracia, según los legalistas, es minimizar el papel del Estado y crear el mayor espacio posible para la libertad individual y el desarrollo de las relaciones de libre mercado. Esto es lo que debe perseguir el Estado de Derecho, que está por encima tanto del Estado como de la voluntad de la mayoría. Por lo tanto, la regulación burocrática, según F.Hayek, debe reducirse al mínimo, y las actividades de los diversos grupos de interés deben ser severamente restringidas. Los legalistas, por su parte, niegan prácticamente cualquier forma de democracia social, limitándola a la esfera política y jurídica.
En la segunda mitad del siglo XX, este concepto se convirtió en la base de las actividades ideológicas y prácticas del movimiento de la Nueva Derecha, que se caracterizó por una crítica muy peculiar de la democracia. Empezaron a hablar del peligro de la «sobrecarga democrática» de la sociedad: la parálisis del sistema político bajo la influencia de una excesiva presión grupal y electoral. Al mismo tiempo, el corporativismo también ha sido muy criticado, ya que los teóricos de la Nueva Derecha son partidarios acérrimos del libre mercado y creen que la economía funciona mejor cuando el gobierno la deja en paz. El corporativismo bajo esta luz revela el peligro de que fortalece políticamente a las facciones económicas de la sociedad, permitiéndoles hacer interminables demandas al gobierno -más salarios, inversión en la economía pública, subsidios, etc.; el resultado es la dominación de aquellos grupos que «tienen las conexiones correctas». Todo esto, según la «nueva derecha», conlleva una cosa: un movimiento incesante hacia la intervención del Estado y, por tanto, el estancamiento económico.
La «sobrecarga de gobernanza» también puede considerarse una consecuencia del proceso electoral. Es lo que Samuel Britten llamó «la consecuencia económica de la democracia».2 Se trata de que los políticos que compiten por el poder en el proceso electoral hagan cada vez menos promesas al electorado, lo que puede llevar a resultados desastrosos. Según Britten, las consecuencias económicas de la «democracia desenfrenada» son siempre una alta inflación, empujada por el aumento de la deuda pública, y unas cargas fiscales cada vez más pesadas que socavan la iniciativa empresarial y el crecimiento económico en general. Por lo tanto, los teóricos de la Nueva Derecha tienden a considerar que la democracia no es más que un medio de protección contra posibles arbitrariedades del gobierno, pero no un medio para el cambio social. Estas ideas también fueron utilizadas por los famosos líderes políticos R. Reagan y M. Thatcher al formular sus políticas económicas y sociales.