Legislar se refiere al ejercicio de la soberanía del pueblo por parte del máximo órgano del poder estatal para hacer leyes (el parlamento). La aplicación de las leyes es la principal tarea del Estado y del gobierno. Las leyes se basan en presunciones desarrolladas por la humanidad durante los últimos milenios. Todas las leyes estatales deben estar escritas y publicadas.
Esto distingue una ley del derecho derivado, una orden, una instrucción, la práctica judicial y todas las demás normas de comportamiento que se han desarrollado en la sociedad. Cuando la ley prevalece en las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley (el poder judicial y el ejecutivo), la sociedad se denomina sociedad del Estado de Derecho. En una sociedad de derecho, los derechos y deberes de los ciudadanos están definidos por la ley, y su conocimiento es indispensable para el éxito de los procedimientos judiciales.
El conocimiento de los estatutos y la jurisprudencia puede ayudar mucho a un abogado a desarrollar una posición de defensa; pero si la ley no proporciona jurisprudencia, la referencia a la práctica no puede utilizarse como prueba judicial, mientras que la ley puede y debe utilizarse.
En la familia jurídica continental, la ley es la principal fuente de derecho (a diferencia de la familia jurídica anglosajona, en la que la jurisprudencia hace las veces de tal).
Las leyes obsoletas (leyes que no se corresponden con la realidad social) pueden ser derogadas en su totalidad (abrogación) o parcialmente (derogación) o modificadas mediante una enmienda (abrogación) o una adición (subrogación).
Un Estado democrático es una organización política del poder basada en los principios de la separación de poderes, el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley en todas las esferas de la vida. En la mayoría de los Estados modernos, la principal fuente de derecho es la ley. Etimológicamente, la palabra «ley» procede del ruso antiguo «kon», que significaba una frontera, un límite a algo.
En la ciencia y la práctica jurídicas modernas, el término «ley» se utiliza de dos maneras: como acto normativo legal de una autoridad superior adoptado de manera especial por el Parlamento (o con un plebiscito) y como acto normativo (documento legal) de cualquier autoridad estatal que contiene normas legales, reglas de conducta obligatorias.
Hay que distinguir entre las leyes jurídicas de un país y las leyes económicas, de carácter objetivo y universal, que actúan independientemente de las decisiones de las autoridades (leyes de la demanda, de la oferta, de la circulación del dinero, de la utilidad marginal decreciente, etc.), y también entre los principios que caracterizan las principales propiedades del sistema económico (por ejemplo, los principios de la economía de mercado).
Una ley es un acto normativo de fuerza jurídica suprema adoptado de forma especial por el órgano representativo supremo del poder del Estado o directamente por el pueblo y que regula las relaciones sociales más importantes.
¿Cuáles son los rasgos característicos de la ley como fuente principal del derecho?
- Una ley es un documento jurídico que contiene las normas del derecho.
- Una ley es el resultado de la actividad legislativa de la autoridad suprema del Estado (un parlamento, un monarca, etc.) o del pueblo en su conjunto.
- El derecho regula las relaciones más importantes, típicas y estables de la sociedad.
- La ley tiene fuerza legal suprema, lo que se refleja en el hecho de que no puede ser derogada por ningún otro órgano que no sea el que la ha aprobado, y que el contenido de la ley no debe contradecir el resto de documentos legales.
- La ley es el documento jurídico fundamental. Sirve de base, de fundamento, de punto de referencia para la actividad legislativa de otros órganos estatales, de los tribunales.
Naturalmente, un Estado con un sistema parlamentario también tiene un sistema legislativo que consiste en actos normativos del parlamento (leyes, estatutos, etc.). Cuanto más civilizada, desarrollada y humana es una sociedad, mayor es su necesidad de leyes. Esto impone unos requisitos especiales y más elevados al contenido de las leyes, que en términos generales puede decirse que son de naturaleza jurídica, es decir, que corresponden a derechos humanos naturales inalienables y no enajenables.
Dichos derechos están consagrados principalmente en documentos jurídicos internacionales autorizados de la ONU, que constituyen la base jurídica para la protección legal de cada individuo y de la civilización humana en su conjunto y sirven de imperativo legal para los legisladores de todos los Estados. El grado de respeto de los derechos humanos en la ley es una prueba de la calidad de la propia ley, un indicador de su esencia y utilidad, de su equidad y de su orientación hacia la libertad.
El imperio de la ley en todas las esferas de la sociedad significa que no puede haber discrecionalidad en la administración de los asuntos de la sociedad y del Estado. Esta disposición es en sí misma humanista: se priva al individuo y a la sociedad del posible peligro del voluntarismo, de la burda intromisión de las autoridades en la esfera privada. Dicha intromisión no es posible sin los motivos establecidos en la ley.
El contenido de la ley forma las normas primarias, que en casos individuales se especifican y desarrollan en la legislación secundaria.
La sistematización de la legislación es una forma permanente de desarrollar y racionalizar el sistema jurídico existente. En los Estados civilizados modernos existe un número considerable de actos normativos adoptados por diversos órganos legislativos. La elaboración de leyes no puede detenerse en una etapa determinada, sino que siempre está en movimiento, desarrollándose debido al dinamismo de las relaciones sociales, a la aparición de nuevas necesidades de la vida social que requieren una regulación jurídica. El sistema jurídico en constante cambio, su desarrollo y perfeccionamiento, la adopción de nuevos actos normativos, la introducción de enmiendas a los mismos, la anulación de decisiones normativas obsoletas determinan objetivamente la ordenación de todo el complejo de actos normativos existentes, su ampliación, llevándolos a un determinado sistema científicamente fundamentado, la publicación de diversas colecciones y recopilaciones de legislación. Esta actividad de reunir los actos normativos en un sistema único y ordenado suele denominarse sistematización de la legislación.