Un lugar importante en las teorías democráticas modernas lo ocupa el concepto de democracia participativa, que ha sido desarrollado por los politólogos contemporáneos Carol Peitman (autor del término «democracia participativa» y del libro «Participation and Democratic Theory», 1970), Crawford McPherson, Joseph Zimmerman, Norberto Bobbio, Peter Bachrach, Benjamin Barber y algunos otros. La esencia de esta teoría es una vuelta a los ideales clásicos de la democracia, que implica la participación activa de los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones sobre las principales cuestiones de la vida pública. Consideran que la igualdad social es la condición más importante para la participación democrática y su difusión: el principio de participación debe aplicarse también a las instituciones públicas no estatales en las que las personas expresan directamente su voluntad, especialmente los colectivos laborales, interpretándolo, entre otras cosas, como autogobierno de los ciudadanos. La libertad, el derecho igualitario al autodesarrollo, sólo puede alcanzarse en una sociedad participativa que mejore el sentido de la eficacia política y promueva la preocupación por las demandas colectivas. En una sociedad así, los ciudadanos están bien informados, interesados en su alta participación en la vida pública.
El politólogo estadounidense B. Barber señala: «La democracia directa requiere no sólo la participación, sino la formación cívica y la virtud cívica para la participación efectiva en la deliberación y la toma de decisiones. La democracia participativa se entiende, pues, como el gobierno directo de los ciudadanos educados. Los ciudadanos no son meros particulares que actúan en la esfera privada, sino ciudadanos públicos bien informados que se han distanciado de sus intereses puramente privados en la medida en que la esfera pública se ha distanciado de la esfera privada. La democracia no es tanto el gobierno del pueblo o el gobierno de las masas como el gobierno de los ciudadanos educados».
La necesidad de la participación política de la mayoría de los ciudadanos en un modelo participativo se explica por el hecho de que la reducción de su participación acabará conduciendo a la «tiranía de una minoría» (la élite). Sólo un poder fuerte desde abajo puede contrarrestar la presión autoritaria desde arriba. En este caso, el bien del pueblo sólo puede lograrse garantizando la igualdad para todos, lo que significa que todos los ciudadanos deben participar en el proceso de toma de decisiones cada día y no sólo en el proceso de toma de decisiones. la toma de decisiones, no sólo la igualdad de oportunidades de participación.
En el modelo participativo, la participación política no se considera un medio para alcanzar un fin. Es un fin en sí mismo, es decir, contiene un objetivo en sí mismo, porque sólo la participación modernamente entendida favorece el desarrollo intelectual y emocional de los ciudadanos. Es importante destacar que, desde la posición habitual de individualismo basado en la propiedad de los teóricos liberales, el proceso político se ve con más frecuencia como una lucha violenta entre competidores por los bienes materiales de los que carecen. Sin embargo, cuando se analiza desde la perspectiva del desarrollo humano y la realización de las capacidades humanas, la justicia distributiva en la distribución de los bienes materiales es sólo un medio para el bien mayor de la libertad positiva. La participación activa de los ciudadanos en el proceso democrático es a la vez una condición y una expresión de esta libertad.
La participación cumple así dos funciones: en primer lugar, protege a los ciudadanos de las decisiones impuestas desde arriba; en segundo lugar, es un mecanismo de superación humana. En aras del mayor resultado posible, la democracia debe extenderse a otras esferas para promover la evolución de las cualidades psicológicas necesarias para la modernidad y una cultura política participativa, que sólo puede formarse según el principio de C. Peitman «aprender a participar participando». La sociedad participativa ideal se caracteriza por la implicación directa de los ciudadanos en la gobernanza sin intermediarios en las principales instituciones políticas y sociales, la responsabilidad de los dirigentes ante los miembros de a pie y el mayor grado de legitimidad democrática.
Sin embargo, en la actualidad, el modelo participativo es sólo un ideal, una norma deseable a la que aspirar y extremadamente difícil de alcanzar.
Al mismo tiempo, esta teoría es vulnerable a las críticas. Según algunos investigadores nacionales, las deficiencias de este modelo están relacionadas «con la imposibilidad de establecer instituciones efectivas y permanentes de democracia directa, tanto por los parámetros espaciales y temporales, como por las relaciones sujeto-objeto». La democracia directa no es en todos los casos un método eficaz de toma de decisiones, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel local. Por lo tanto, la probabilidad de un funcionamiento permanente y exitoso de la democracia participativa dentro de un Estado-nación es baja, incluso en los Estados pequeños. Las únicas excepciones pueden ser los referendos nacionales sobre los temas más fundamentales relacionados con cuestiones de Estado.