OCTUBRE: víctimas alistan proceso contra aliados políticos de Goni
Viernes, 14 de Septiembre de 2012
Política
El gobierno de Sánchez de Lozada articuló una coalición con Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionario (MIR).
Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa aparecen en la segunda etapa de la denuncia que alistan las víctimas de la ‘masacre de octubre’ de 2003, anunció ayer el ex dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) Roberto de la Cruz.
“En la segunda etapa del juicio de responsabilidades se incluirá a los políticos que eran de la coalición de Sánchez de Lozada, me refiero a Manfred Reyes Villa y Jaime Paz Zamora”, precisó.
De la Cruz comentó que en la demanda que se prepara también se incluirá a los responsables de la custodia de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB), donde días antes de que el ex mandatario huyera del país se retiraron maletines con dinero. Yerko Kukoc del Carpio, ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, fue uno de los que transportó los recursos.
“Como ya se dictó la sentencia de la primera fase, para la segunda se acumularán otros indicios y testigos”, remarcó De la Cruz.
Reyes Villa, líder de Nueva Fuerza Republicana (NFR) y hoy fugitivo de la justicia boliviana, dio su apoyo al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada, respaldo que le permitió ser parte del Ejecutivo con la designación de varios ministros, entre ellos su hermano Erick Reyes Villa, Dante Pino Archondo y Adalberto Kuajara.
En tanto que Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), tuvo en el gobierno de Sánchez de Lozada a los ministros Carlos Saavedra Bruno, Guido Áñez Moscoso y Jorge Torres Obleas.
La postura
El abogado de las víctimas de la ‘masacre de octubre’ de 2003, Rogelio Mayta, señaló que “existe la posibilidad de iniciar” un proceso a todo el entorno político que acompañó a Sánchez de Lozada”.
“En todo caso le corresponde a la Fiscalía General analizar y determinar la posibilidad de iniciar otros procesos”, dijo.
Con la primera sentencia del juicio de responsabilidades se marcó un antecedente que muestra que el entorno político del ex mandatario Goni sí puede ser sujeto de un proceso penal, como sucedió con Erick Reyes Villa Bacigalupi, ex ministro de Desarrollo Sostenible, condenado a la pena de presidio de tres años, y Adalberto Kuajara Arandia con una condena similar.
El contexto
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición del ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997) (2002-2003) que presentó la justicia boliviana en 2008 para que responda por las acusaciones que pesan en su contra por genocidio, en el juicio que se le sigue por la muerte de 67 personas y más de 400 heridos en la denominada ‘masacre de octubre’ de 2003.
Ese año, el ex mandatario se enfrentó con una revuelta social mediante la salida de los militares en las ciudades de El Alto y La Paz con enfrentamientos y víctimas que ocasionaron su dimisión.
De hecho, Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos, junto con sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez, a quienes también se les acusa de genocidio.
No obstante, el juicio prosiguió contra ellos, incluidos 17 acusados, y el 30 de agosto de 2011 el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó entre 3 y 15 años de años de cárcel a dos ex ministros de Sánchez de Lozada y cinco ex miembros del entonces Alto Mando militar.
DATOS
• En octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada se enfrentó con una revuelta social mediante el despliegue de militares en las ciudades de El Alto y La Paz.
• La represión militar provocó la muerte de 67 personas y más de 400 heridos, ante esta situación la ex autoridad huyó a Estados Unidos junto con tres de sus ministros.
• El 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades. Este proceso se instaló el 18 de mayo de 2009.
• En 2008, a pedido de la Corte Suprema de Justicia, la Cancillería solicitó a EEUU la extradición de Sánchez de Lozada.
• El 30/08/2011, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó entre tres y 15 años de cárcel a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco ex miembros del entonces Alto Mando militar.
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