PrincipalReos sin sentencia son más de seis mil en Bolivia
Lunes, 8 de Febrero de 2010
Defensores de los derechos humanos, juristas y los propios afectados esperan que la ley transitoria devuelva justicia y las garantías.
La retardación de justicia en Bolivia es una de las causas principales de la violación de los derechos humanos de las personas. Hay 6.074 presos preventivos (sin sentencia ejecutoriada) y 1.999 sentenciados en los 53 recintos carcelarios del país, según revela un informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario con datos a diciembre de 2009 y al que tuvo acceso Cambio.Los defensores de los derechos humanos, los juristas y los afectados ven diferentes eslabones en la cadena de retardación de la justicia. Mientras el Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pide celeridad en la ley de transición, que llenará las acefalías en el Órgano Judicial para descongestionar los casos paralizados.
“Los presos en las cárceles de Bolivia no tienen sentencia, muchos de ellos ya hubieran salido de la cárcel si tuvieran sentencia. Los jueces y los abogados se quejan de que los delincuentes que han sido encontrados en delitos quedan libres en las calles precisamente porque el Código Penal, en uno de sus artículos, establece que si no se realizan los procesos respectivos el delincuente debe ser puesto en libertad (...), estos temas dan la conclusión de que es prioritaria la necesidad de que la Justicia no se estanque, sino que siga avanzando”, declaró el vocero de la Presidencia, Iván Canelas.
La autoridad hizo esa reflexión tras evidenciar uno de los ejemplos más latentes de la retardación, según consideró el ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) Rolando Villena.
“Esta retardación se debe a una lógica y a una visión que corresponde a un Estado que era del pasado, que se resiste a morir; porque perviven estructuras mentales de manera ostensible en personas que responden a una formación del estamento jurídico, ajeno a la pluralidad cultural del país”, sostuvo Villena.
La ex autoridad señaló que el problema de la retardación carcelaria ameritará cambios estructurales y no “simples parches”.
Villena considera que el sistema penitenciario no ha sido capaz de responder a las necesidades de la población encarcelada. Mencionó que tener presos sin sentencia va al compás de una lógica discriminatoria y atentatoria contra el derecho a la vida, a la dignidad y a la reinserción en la comunidad.
La ex autoridad lamentó la política estatal que limitó la asignación de recursos para mejorar la defensa pública, lo que finalmente derivó en el perjuicio de los reclusos.
Por su parte, la nueva presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, coincidió con su antecesor en que el problema de retardación de justicia afecta a miles de reos en las cárceles, lo que hace necesario cambiar las condiciones de la defensa pública.
La activista anunció que con su trabajo, en el caso de demora judicial en los recintos penitenciarios, vigilará a través de los nuevos mecanismos legales que se acabe con la vulneración de derechos humanos.
“Vamos a hacer un seguimiento al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, en el que se incorporan las peticiones y las prioridades en términos de derechos humanos para los reclusos”, manifestó.
Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en el país hay una población total de 8.073 reclusos, de los cuales 7.140 son varones y 933 mujeres. La mayor parte de los privados de libertad están entre 22 a 59 años (6.999), le siguen los menores de 16 a 21 años (866) y un total de 208 mayores de 60 años, personas de la tercera edad.
Los tres departamentos con mayor población carcelaria son Santa Cruz, con el 32%; Cochabamba, con 24%; y La Paz, con el 22%. En los otros seis departamentos la población detenida oscila entre el 1 y el 7%, en el siguiente orden: Beni 7%, Tarija 5%, Potosí 4%, Oruro 3%, Chuquisaca 2% y Pando 1%.
Detenidos por la Ley 1008 (antidrogas) 31%, de los cuales la mayoría es de origen peruano.
CUELLOS DE BOTELLA
El juez Tercero de Ejecución Penal, José Ayaviri, considera que son múltiples los ‘cuellos de botella’, en el proceso de retardación de justicia.
“Son temas que van desde la propia legislación con sus lagunas, pasando por trámites burocráticos, recargas procesales para pocos funcionarios y la mentalidad de trabajo de algunos profesionales de la justicia, que no responden con verdadera vocación y profesionalismo”, señaló.
La evidenciada retardación de justicia en el país, la protección a la corrupción y la negativa a reformar su sistema de administración por parte de sus operadores motivó al Gobierno y al Órgano Legislativo a trabajar en modificaciones de fondo en las normas jurídicas y, a la vez, en una ley de transición que permita copar las acefalias que al momento existen en el Órgano Judicial.
“Los abogados públicos se mueven sólo si hay plata”
“Ya estoy siete meses aquí, detenido por tentativa de homicidio. Mi caso estaba asesorado por el Ministerio Público, pero no agilizaba mis papeles, sólo cuando (a ellos) les daba la gana movían mis papeles o cuando yo les molestaba. El abogado que tengo no se mueve mucho, sólo cuando se le da un poco de dinero. La defensa pública debería ser gratuita, pero no se cumple eso, sólo si se les da dinero se mueven, recién dicen es tal o cual cosa… así es; pero cuando no les das nada, no te dicen nada, no te informan nada. Siempre nos piden plata y más plata y no tenemos, aquí adentro tampoco hay caso de ganar algo porque aquí trabajas 15 ó 12 horas por 3 ó 4 bolivianos.
Afuera, para mis trámites, gracias a Dios tengo la posibilidad de que mi padre, mi madre y mi abuela me ayuden a seguir el juicio; pero no me vienen a visitar. Mi mamá no me viene a visitar, mi papá rara vez y solamente mi abuela se acuerda. Hay mucha retardación de justicia, mi compañero me contó que estaba más de 18 meses sólo porque su abogado no movía el trámite.
Él tenía un abogado de defensa pública y aunque cambió a otro, tampoco se movía, su caso se paraba unas veces en los tribunales, otras con el fiscal. La justicia no existe, o sea es para el que tiene dinero. El que tiene dinero sale rápido y si no tienes dinero te friegan más, por la corrupción de los abogados, por la discriminación en la clase social, no te tratan bien, te demoran, te traban.
En los casos de la gente con dinero, como Leopoldo Fernández, está aquí porque es por parte del gobierno de Evo Morales que le traban. Leopoldo ya tenía que salir porque tiene dinero, su abogado le cobra mucho, ahora ha cambiado de abogado, ahora sé que está con una abogada conocida… la Montaño, ella le está ayudando; pero dice que en el Tribunal, que en la Fiscalía le trancan a él.
Sé que su abogada le cobra 100 dólares por audiencia y nos han dicho que su contrato es de 4.000 dólares; mientras que en mi caso tengo que gastar como pueda. Hasta ahorita ya he gastado 8.000 bolivianos en abogados, en memoriales; igual mi abogado me cobra por audiencia 250 bolivianos.
Datos
Recusaciones. La presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, considera que las recusaciones son un mecanismo de retardación.
Defensa pública. Los recluidos acusan a los abogados de la defensa pública de tener un trabajo deficiente. En ese servicio de defensa se aclara que las posibilidades rebasan los esfuerzos.
Burocracia judicial. Todos los afectados acusan de burocracia judicial, los engorrosos trámites en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Policía, cuyos procedimientos dilatan procesos.
Ley transitoria. La norma está dirigida a llenar las acefalías en el Órgano Judicial y acelerar los procesos que al momento están paralizados.
El 40% de presos es atendido en La Paz
El director del Servicio Nacional de Defensa Pública, Justo Salazar, declaró a Cambio que el 40 por ciento de los reclusos, del total de las cuatro cárceles de La Paz, es atendido por abogados de la Defensa Pública.
En un sondeo que realizó este medio a algunos reclusos de la cárcel de San Pedro, ellos apuntaron a los abogados de Defensa Pública como uno de los eslabones de la cadena de retardación de justicia. Identificaron que en estos funcionarios hay “falta de voluntad para perseguir los casos” y “predisposición a pedir dinero para todo trámite”, entre otros.
El director de esa entidad explicó que Defensa Pública cuenta con pocos recursos humanos para atender múltiples demandas carcelarias al mismo tiempo.
Mientras lo óptimo es que cada abogado de Defensa Pública atienda hasta 19 casos, sin embargo, la mayor parte de ellos llega a atender más de 90 casos a la vez, con las consecuencias que ello trae.
“Eso deriva en mucha carga de responsabilidades y no se puede prestar un servicio adecuado, como se quisiera. Además, Defensa Pública no cuenta con los recursos suficientes para contratar más personal en la tarea. Para el Distrito de La Paz tenemos solamente 13 abogados”, explicó el director de la entidad de defensa.
“La demanda es mucha, por ejemplo, solamente en la cárcel de San Pedro hay más de 1.500 presos a quienes se debe prestar atención”, explicó.
Salazar consideró que en el Poder Judicial “se ha hecho un negocio con el tema de la justicia”. También opinó que con la denominada ‘ley corta’ se van a romper esos eslabones para dar mayor garantía judicial a poblaciones como la de los reclusos sin sentencias.
Fuente : Cambio
Lío atrasa debate de la ley antirracismo Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
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