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Bolivia contará con ley de justicia penal juvenil
Viernes, 8 de Enero de 2010

La norma aplicará sanciones penales a niños, adolescentes y jóvenes que comentan delitos; pero también se los reformará.

Los niños, adolescentes y los jóvenes que infrinjan la ley serán procesados por medio de un sistema judicial especializado, para que tengan un encierro por un tiempo no mayor a ocho años en centros de rehabilitación y que logren su reincorporación productiva en la sociedad. 

El proyecto de ley referido al tema es elaborado por los técnicos gubernamentales y establece que hará una división específica de la aplicación de la ley para adultos y personas menores de 18 años.

La norma creará la denominada justicia penal juvenil, que prevé la privación de libertad de niños, adolescentes y jóvenes que infrinjan las normas establecidas; pero bajo la aplicación de una visión especial de persecución penal y administración de las leyes.

El instrumento legal tiene previsto que los menores sean inicialmente sometidos a limitaciones a su conducta, como la prohibición a que concurran a determinados escenarios o actividades.

En casos de delitos graves, considera que sean recluidos para su capacitación en áreas productivas y técnicas, puesto que se velará porque una vez cumplida su pena retornen a sus hogares con la posibilidad de reconstruir su vida.

“El proyecto establece que se encerrará a los menores que cometan infracciones de acuerdo con el tipo de delito. La gravedad de la pena se valorará, pero el encierro no podrá superar los ocho años. Todo tendrá que ir de la mano de un análisis del proceso de maduración que pueda adquirir el niño, el joven o el adolescente”, explicó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox.

De acuerdo con la iniciativa gubernamental, la sanción que deba ser aplicada tomará en cuenta que existen formas en que el infractor de las leyes repare el daño generado y dé un aporte a la sociedad.

La idea principal es que se elimine la concepción policiaca sobre el la privación de libertad, puesto que se evitará que los menores que cometan delitos sean encerrados junto con adultos que hicieron del delito una forma de subsistencia y que viven en cárceles que suelen ser escuelas de especialización criminal para los internos.

La justicia penal juvenil considera, además, la apertura de centros especializados de capacitación técnica y productiva y de resocialización, que estarán a cargo de personal civil calificado. El diseño del sistema especial de la aplicación de las leyes está basado en el análisis de las causas psicoemocionales en la evolución de los niños, adolescentes y los jóvenes que incurran en delitos.

El estudio considera que los menores no se forman con un tipo de conducta específico que les induzca a delinquir con verdadera culpa, ya que generalmente llegan a tales circunstancias por razones fortuitas.

El objetivo final está dirigido a que puede recuperar a un niño, adolescente o joven que infringió la ley, que se logre sacarlo de los escenarios de criminalidad con el apoyo de una visión pedagógica y socioeducativa que haga posible reconducir su vida para que sea productiva y dé un aporte a la sociedad.

Se crearán centros de rehabilitación

La aplicación de la justicia penal juvenil hará posible que sean abiertos centros de rehabilitación piloto para la capacitación técnica y productiva de menores con orden de reclusión por infringir la ley.

Las infraestructuras funcionarán dejando de lado el concepto de la criminalización de la adolescencia que se tenía en casos como la denominada Granja de los Espejos.

Se tomará como modelo de aplicación a centros que actualmente tienen éxito en el trabajo de resocialización de adolescentes y jóvenes en departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox, explicó que el proyecto considera que no es posible criminalizar la adolescencia y la juventud, cuando el Estado, por varios años, dejó de lado la atención social de miles de personas de ese grupo social.

“Si el Estado no se preocupó en su momento por darles un hogar digno y educación, no podemos luego penalizar a los niños, adolescentes y jóvenes que fueron expulsados de su núcleo familiar y tuvieron que cometer delitos”, manifestó la autoridad.

La justicia penal juvenil tiene previsto, en ese aspecto, que los menores de edad que delinquieron tendrán acceso a la educación en un caso de presidio en los centros especializados, además de que obtengan una preparación en áreas productivas y técnicas, en el camino a la resocialización de su forma de vida.

Las infraestructuras de rehabilitación estarán a cargo de profesionales de diversas ramas con el objetivo de que se ofrezca una formación integral a los menores infractores de la ley y se logre reconducir su comportamiento para su retorno a la sociedad.

Tribunales especiales para los menores

El proyecto de procesamiento de los menores de edad que infrinjan la ley contempla el plan de apertura de tribunales especializados que manejen la atención de los casos a partir de una visión multidisciplinaria y que considere la posibilidad de la reinserción social.

“Las causas tendrán que ser abordadas por otro tipo de autoridades, porque no es posible que los mismos jueces procesen a los adultos, adolescentes y a los jóvenes”, explicó el viceministro Nelson Cox.

La iniciativa toma en cuenta, además, que se precisará la formación de fiscales especiales para la aplicación de la justicia penal juvenil, además de que se brinde defensa legal gratuita a lo menores que cometan delitos.

El Ministerio Público tendrá, en ese aspecto, que cambiar en cierto modo su concepto de persecución penal, porque en el análisis de los operadores de justicia que se harán cargo de las causas de niños, adolescentes y jóvenes se tendrá que velar por la recuperación social de una persona afectada por un escenario de criminalidad.

Los fiscales especializados tendrán, en definitiva, que tomar en cuenta que la reclusión en la cárcel dejará de ser la mejor alternativa, sin que por ello dejen de cumplir su principal papel en la protección de los intereses de la sociedad.

En ese sentido, todos ellos deberán reconducir sus esfuerzos a hacer posible que los menores de edad que delinquieron tengan la posibilidad de reencauzar sus vidas, en lugar de preocuparse por adultos que están imposibilitados de cambiar su conducta porque tienen toda una vida dirigida a la comisión de delitos.

El proyecto de ley para la justicia penal juvenil será presentado al final del primer semestre del presente año ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que su aplicación sea garantizada junto con el nuevo sistema judicial que está en plena estructuración por un equipo de expertos.

Fuente : Cambio

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