OACNUDH-BOLIVIA INSTA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO A GARANTIZAR AL ABOGADO EDUARDO LEÓN ARANCIBIA, SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

La Paz - La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su mandato, considera necesario hacer públicas las siguientes consideraciones respecto a la situación que atraviesa el abogado Eduardo León Arancibia.

2 de junio de 2016
OACNUDH-BOLIVIA INSTA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO A GARANTIZAR AL ABOGADO EDUARDO LEÓN ARANCIBIA, SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO. La Paz - La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su mandato, considera necesario hacer públicas las siguientes consideraciones respecto a la situación que atraviesa el abogado Eduardo León Arancibia. Preocupa a la Oficina el excesivo tiempo que el abogado León estuvo detenido sin que se definiera su situación jurídica por parte de un juez cautelar, tal como la ley dispone. Jueces de La Paz, El Alto y Oruro se excusaron o solicitaron licencia lo que demoró el trámite de las audiencias previstas. En este sentido, la Oficina recomienda al Consejo de la Magistratura estudiar este caso en el contexto de la normativa vigente y proponer correctivos para que estas situaciones no se repitan en el futuro. Por otra parte, a la Oficina también le preocupa que la orden judicial, emitida el 26 de mayo que dispuso el arresto domiciliario para el abogado León, no fue acatada, como tampoco se cumplió la orden judicial para procurar la custodia policial con el fin de vigilar dicha medida cautelar, alargando arbitrariamente la permanencia del abogado en celdas judiciales. En consecuencia, es importante señalar que las autoridades competentes deben cumplir sin demora las órdenes judiciales emitidas. La Oficina considera que la aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes, es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos. Es por ello, que la Oficina recuerda que los órganos encargados, tanto de la persecución penal como del juzgamiento, deben cumplir rigurosamente los principios de competencia, imparcialidad e independencia.
Asimismo, llama la atención que el título académico del abogado León fue anulado; que se le excluyó del Registro Público de Abogacía y que se le retiró la matricula a través de dos resoluciones ministeriales. Estas actuaciones podrían vulnerar seriamente las garantías del debido proceso, particularmente el derecho a la defensa plena e íntegra y el derecho a ser oído que tiene toda persona en cualquier área del derecho, ya sea penal, civil o administrativo. Por lo anteriormente expresado, la Oficina recuerda que, de conformidad, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados; la jurisprudencia vinculante de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos y la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos; así como las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cualquier proceso sancionatorio debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso.
Finalmente, a la Oficina le preocupa el deterioro del estado de salud en el que se encuentra el abogado León, e insta a las autoridades a precautelar su derecho a la salud.
La Oficina confía en que estas consideraciones necesarias serán debidamente tomadas en cuenta por las instancias competentes. La Oficina continuará monitoreando el proceso con toda la atención debida como lo ha venido haciendo desde un principio.
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