El principal sospechoso de la masacre de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, permanecerá en la cárcel de San Pedro tras el fallo unánime de los jueces del Tribunal Sexto de Sentencia que rechazó el pedido de su defensa para el cese de su detención preventiva. Es decir, el ex prefecto deberá defenderse de los graves cargos que pesan en su contra desde ese penal ubicado en pleno centro de la ciudad de La Paz.

La resolución judicial sobre la solicitud le fue comunicada luego de tres horas de intenso debate que desestimó los argumentos de los abogados de la ex autoridad amazónica que basaron su alegato en el hecho de que su cliente se encuentra recluido desde hace más de 18 meses sin sentencia condenatoria.

Y aunque los abogados de Fernández insistieron en su liberación o que correspondía la aplicación de una medida sustitutiva para que su cliente, en esa condición, asuma su defensa en el juicio oral que comenzará este 19 de junio, el Tribunal Sexto de Sentencia consideró que si bien el ex prefecto está detenido desde hace más de 18 meses, no cesó el peligro de obstaculización de la justicia, lo que había determinado la detención preventiva

“Consecuentemente, el Tribunal, por unanimidad, dispone el rechazo a la cesación de la detención preventiva pedida por el acusado Leopoldo Fernández Ferreira”, manifestó el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia, César Portocarrero, quien dio lectura a la resolución durante la audiencia judicial.

La determinación asumida por los jueces del tribunal de sentencia a todas luces preserva el derecho de las víctimas de esa sangrienta masacre a instaurar un proceso legal libre de todo tipo de influencias y que la justicia se imponga por sobre todas las cosas. Sólo un juicio con estas características permitirá que la verdad salga a flote, más allá de la influencia del inmenso poder que conserva Fernández Ferreira en Pando, producto de décadas de control absoluto de esa región de la patria.

En ese contexto, el fiscal Eduardo Morales destacó la decisión del tribunal de sentencia y aseguró que sólo aplicó la ley en el caso y recordó que la defensa del acusado no presentó argumentos válidos. En tanto que la abogada de las víctimas, Mary Carrasco, respaldó la resolución. “Es preciso que Fernández permanezca detenido, porque su liberación pondría en riesgo la realización del juicio oral y la seguridad de víctimas y testigos”, argumentó.

Y razones no les faltan, tanto al representante del Ministerio Público como a la abogada de las víctimas de esa matanza que sacudió las fibras más sensibles de todos los bolivianos.

El 11 de septiembre de 2008, una columna de cientos de campesinos pandinos que se dirigían a Cobija para instalar un ampliado departamental fue emboscada por sicarios —todos los indicios señalan que fueron financiados por Fernández y los dirigentes políticos y cívicos entonces comprometidos con el frustrado golpe cívico-prefectural que buscaba derrocar al presidente Evo Morales— que dejaron al menos 16 muertos, decenas de heridos y muchos desaparecidos.

Las investigaciones posteriores a cargo de organismos defensores de los derechos humanos, Defensor del Pueblo, comisión especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre otros, constataron que lo ocurrido aquel 11 de septiembre en Pando fue una masacre, porque los campesinos fueron emboscados y luego muertos con disparos de armas de fuego.

El informe del Defensor del Pueblo da cuenta de que los campesinos se dirigían en camión al ampliado en Cobija, pero en el sector de Porvenir los funcionarios de la Prefectura de Pando y del Servicio Departamental de Caminos abrieron una zanja en la carretera para impedir el paso de vehículos.

El mismo informe menciona que los campesinos, hombres, mujeres, niños y ancianos, se dirigían a Cobija tan sólo con platos, vasos y cucharas, sin nada de armas de fuego, pero fueron baleados por mercenarios contratados.

En la desesperación por los disparos, muchos campesinos se lanzaron al río Tahuamanu aun sin saber nadar. Varios perdieron la vida al ser alcanzados por las balas o al ser arrastrados por la corriente de las aguas, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

Los testimonios de las víctimas señalaron que los matones dispararon sus armas contra hombres, mujeres, niños y ancianos indefensos, y estos relatos fueron dramáticamente corroborados por algunos videos que revelaron la magnitud del crimen de lesa humanidad que se consumó ese aciago día.

En este contexto, cuando los abogados del principal sospechoso de esa matanza intentan que su cliente asuma su defensa en libertad en el juicio oral que será instalado este sábado, lo único que buscan es que Fernández Ferreira se ponga a buen recaudo. Dicho de otro modo, huya del país y —naturalmente— se cobije allí donde se encuentran refugiados los principales acusados de otra masacre, aquella que comandara Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín entre septiembre y octubre de 2003 y que dejara al menos 67 muertos y 400 heridos, principalmente en la ciudad de El Alto.

Por eso es relevante que el Tribunal Sexto de Sentencia haya denegado la solicitud de libertad de Fernández Ferreira, porque esa acción legal permite vislumbrar que se hará justicia.